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Introducción
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áreas rurales siguen experimentando un preocupante proceso de despoblación y en-
vejecimiento, contribuyendo a la pérdida de oportunidades para la población local.
La reducida dimensión de numerosas propiedades forestales, su fraccionamiento
excesivo y la falta de formación técnica de sus propietarios, son una desventaja muy
importante, casi imposible de superar, que lastra el desarrollo rural en su conjunto.
En este contexto, es necesario tener en cuenta que el bosque representa una inver-
sión a largo plazo y que, por tanto, es poco adaptable a cambios de política repenti-
nos e importantes; por ello, una política forestal que estimule la gestión eficaz de
los bosques y busque su rentabilidad es una recomendación dada desde la UE y otras
instituciones internacionales desde hace décadas.
La considerable fragmentación de la propiedad y su abandono confluyen con los
demás condicionantes estructurales en el problema de los incendios en ambas regio-
nes. La dispersión del riesgo en territorios tan extensos exige organizaciones grandes
y costosas, tanto para prevenir el peligro como para luchar contra el fuego. Todo ello
pone de manifiesto que los incendios forestales no constituyen un problema pasajero,
que se desvanecerá por sí solo a corto plazo, sino un condicionante permanente de la
política forestal y de la gestión del territorio. El problema de los incendios no se
puede afrontar con medidas coyunturales ni con el simple perfeccionamiento de las
técnicas empleadas en su extinción, sino que precisa de un conjunto de políticas que
actúen sobre su origen. Para minimizar los conflictos y optimizar las funciones del
bosque y el uso de los recursos forestales, es necesario ordenar el monte y consolidar
el papel de sus titulares. De esta forma, un único administrador, siguiendo unos in-
tereses y objetivos, legítimos y diferentes, debe gestionar el monte evitando decisio-
nes contradictorias, puesto que esto constituye una fuente importante de incendios
forestales, así como de otros problemas. Complementariamente, como ya se ha indi-
cado, no sólo es necesario ordenar los usos del monte, sino también, mejorar su es-
tructura y concentrar estos terrenos en la medida de lo posible, con el fin de posibili-
tar una mejora de la sostenibilidad en su gestión y en la competitividad de sus pro-
ductos, y asegurar una infraestructura industrial dinámica en la etapa de su comer-
cialización y primera transformación.
En este sentido, y como paso fundamental, procede crear los cauces legales y
administrativos adecuados para el desarrollo de agrupaciones de propietarios foresta-